APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MODELO DE PAÍS
Políticas universitarias: sigamos construyendo nuestra historia
Por Héctor Raúl Neri
Desde el retorno a la democracia las políticas universitarias se caracterizaron por dos lineamientos claros que dieron como resultado tres períodos históricos distintos.
El primero podemos ubicarlo entre los años 1983 y 1989, etapa políticamente caracterizada por la transición democrática luego de una larga y trágica época. En ella se destinaron los principales esfuerzos a restaurar los principios históricos del nivel, acercándolo al estado de derecho.
Esto significó la normalización de la vida institucional universitaria, interrumpida e intervenida bajo el signo militar de aquella época nefasta.
No es un dato menor el hecho de que todo estuviera marcado por una alta participación institucional y política en general, a tono con las expectativas que se vivían en el país. En líneas generales, se normalizaron todas las casas de altos estudios de carácter público, se reinstauraron los reglamentos y estatutos, y se recuperó la autonomía y la vida institucional universitaria. Salvando las distancias y tomándonos una licencia histórica, se recuperó parte del espíritu reformista de 1918.
El segundo período puede ser delimitado entre los años 1989 y 1995. Sólo para realizar un ejercicio memorístico, en esta etapa, la sociedad y el gobierno fueron muy permeables a las políticas neoliberales.
Fue indudable la ascendencia que tuvieron las “recomendaciones” de los organismos externos, y, en ese sentido, las políticas públicas en general y las educativas universitarias en particular no fueron la excepción. También hay que mencionar que hubo una fuerte resistencia de la comunidad universitaria en general.
A modo ilustrativo, y a los efectos de comprender la dimensión de los cambios llevados a cabo, podemos destacar la creación de una serie de organismos de consulta y asesoramiento sobre políticas universitarias como el Consejo de Planificación Universitario y Regional y el Consejo Nacional de Educación Superior.
Además, el Poder Ejecutivo nacional planteó la descentralización de la discusión salarial, y también se procedió a recategorizar los nomencladores salariales, obviamente en perjuicio de los trabajadores docentes y no docentes.
Por otra parte, se reinstaló la discusión por el financiamiento del sistema, aunque en este caso el Estado era considerado un actor secundario, ya que se pretendía que el mismo se llevase a cabo por fuera del presupuesto nacional y a través de empréstitos onerosos para nuestra patria. En este sentido, el Banco Mundial y sus funcionarios fueron actores destacados.
También se procuró instalar el polémico tema del arancelamiento y el de las evaluaciones de calidad. Éstos merecerían un apartado especial para tratar de delimitar qué es calidad educativa e institucional (pero no es el objeto de esta nota, por ello sólo los mencionamos y los cuestionamos por la impronta más mercantilista que académica que tuvieron).
Para cerrar esta etapa, también se crearon instituciones como el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria).
Todo este proceso fue muy controvertido y polémico. También fue objeto de fuertes debates y movilizaciones.
En definitiva, el segundo período reunió todas las características de los años ‘90.
El tercer período, que estamos protagonizando en la actualidad, comenzó en 2003, luego de una larga impasse política que culminó con la crisis de 2001. En esta etapa se llevó a cabo una serie de reformas educativas que debemos consolidar y profundizar: recordemos la tríada educativa presentada por la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Técnico Profesional.
Sin duda, estas normas representan la construcción de un nuevo proyecto de país que necesita, entre otras cosas, de una política educativa que la sustente: “Todo proyecto nacional determina un sistema educativo congruente y da origen a expresiones singulares y propias, como igualmente prescriben los modelos sociales” .
Por eso la apoyamos y debemos darle consistencia, porque son hechos que irrefutablemente demuestran el proceso que procura revertir el sesgo neoliberal que tuvieron las políticas en la década del noventa.
Desde SADOP, desde nuestra Secretaría Gremial del Consejo Directivo Nacional, desde las Secretarías Gremiales de Seccionales y desde las secretarías de Educación Universitaria Privada de Seccionales estamos articulando una acción gremial unívoca para otorgarle un valor preeminente al tema y, a partir de ello, darles visibilidad a los múltiples problemas que aquejan a los docentes del sistema superior.
Por ello, la decisión adoptada para profundizar la representación que por su personería gremial detenta SADOP respecto de agruparlos, representarlos y defenderlos en los distintos ámbitos gubernamentales e institucionales está dando sus frutos.
También pretendemos que las universidades privadas respeten los derechos laborales de nuestros docentes; que se les asegure el derecho a las asignaciones familiares; que se les garantice la estabilidad, la remuneración acorde a la meritoria función que desempeñan, la merecida bonificación por antigüedad y, por último, dadas las particularidades de la función y labor universitaria, que puedan acceder a los beneficios de una jubilación docente.
Lo precedente no son meras declamaciones; por el contrario, son expresiones de una irrenunciable política sindical que desde el gremio venimos llevando a cabo.
En definitiva, esta tercera etapa debe caracterizarse por la mayor participación del colectivo docente universitario. Para ello, nuestra organización se encuentra permanentemente diseñando distintas acciones políticas, institucionales, académicas y gremiales que nos deberán interpelar para alcanzar las conquistas sociales que nos merecemos. Para nosotros, los universitarios son profesionales idóneos que no sólo enseñan sino que además forman, investigan y participan en los claustros, enriqueciendo la vida institucional de las distintas universidades.
Para lograrlo, las casas de estudio deben terminar de entender que nuestros profesores ponen su intelecto al servicio de sus objetivos y, por lo tanto, esa dimensión laboral como trabajadores que son no puede ser desconocida.
Por lo precedente, todos los actores debemos participar en este proceso. Cuando decimos “todos” nos referimos al Estado nacional, a las universidades públicas y privadas con sus respectivos claustros y representaciones gremiales.
Los docentes universitarios privados deben seguir ennobleciendo su profesionalidad, participando e incorporándose a SADOP para que, a partir de ello, escribamos la historia que nos merecemos. Venimos con plausibles antecedentes que nos motivan e impulsan a seguir por este camino. Entonces invitamos a todas y todos a caminar juntos para construir una educación universitaria privada al servicio de los más nobles intereses de nuestra patria.
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