Docentes universitarios privados: en busca de reconocimiento
Las universidades privadas reúnen a 233.821 alumnos en todo el país y en los últimos 10 años crecieron un 47%.
Su rentabilidad creció un 22% el último año con respecto a 2008. La posición que ocupan en la formación de estudiantes de carreras de grado y posgrado es central en el nivel de educación superior.
Sin embargo, los docentes que integran su plantel están –en la mayoría de los casos- postergados en sus condiciones de contratación y en el reconocimiento académico necesario para garantizar una formación integral de quienes pasen por sus aulas.
Somos un grupo de profesionales de distintas disciplinas que optó en algún momento por ejercer la docencia universitaria. Por oportunidad, por mejorar el currículum, por crecimiento personal, por incursionar en otros ámbitos.
El tiempo pasó, las experiencias se fueron sumando y así despertó la vocación por la docencia, por participar activamente en ese apasionante proceso de aprendizaje donde creamos sentido a partir de saberes compartidos con otros colegas y con nuestros estudiantes.
Hoy somos un grupo de docentes universitarios con verdadera vocación en busca de un reconocimiento por nuestra labor y nuestra intervención en las aulas.
Trabajamos en universidades privadas y ello pareciera ser en gran parte el motivo de nuestra precarización laboral.
Hijas de los ’90 las instituciones universitarias privadas actúan con impunidad y sin límite alguno. El trabajo a destajo, la ausencia de antigüedad y salario familiar, el no reconocimiento de las licencias ordinarias y extraordinarias garantizadas en toda relación laboral son algunos de los atropellos de los que somos víctimas.
El último y más contundente; el despido de una compañera, Diana Lacal, con 17 años como docente en UCES. Ejercía el cargo de Titular con un legajo intachable. Cometió el error de “atreverse” a utilizar del modo más legítimo los mecanismos que ofrece la afiliación a un sindicato (SADOP) para lograr una mejora en nuestra condición laboral.
Ella y 60 compañeros más nos afiliamos en mayo de 2009 para reclamar -mediante la negociación que abrieron las delegadas elegidas como lo indica la ley de Asociaciones Sindicales- nuestros derechos.
El resultado hasta ahora fue: ninguna regularización en nuestras condiciones de trabajo y el despido de una de las propulsoras de la agremiación que demostró que la organización colectiva es la mejor respuesta para el atropello de empleadores que lo único que persiguen es la rentabilidad de su negocio “a cualquier precio”. Contrariamente a lo que esperaban lo único que esta acción reafirmó es la efectividad de nuestra lucha, por ello el propósito de destruir nuestra organización gremial a partir del despido de una de las líderes del movimiento.
Según un informe elaborado en 2007 por J. Carlos del Bello, Osvaldo Barsky y Graciela Jiménez para el libro: “La Universidad Privada en la Argentina” (Libros del Zorzal):
-Las universidades privadas reúnen a 233.821 alumnos en todo el país y en los últimos 10 años crecieron un 47%.
-En las 55 instituciones de educación superior privadas del país, -41 universidades privadas y 14 institutos universitarios- trabajan 16.000 docentes, el 90% con dedicación simple, y la tasa de graduación es muy superior al área estatal. Por cada 100 ingresantes se reciben 33, mientras que en las públicas sólo egresan 19.
-Por otra parte, según datos que facilitó la Consultora Claves de Información Competitiva la rentabilidad de las universidades privadas creció en 2009 un 22% más con respecto a 2008.
-La matrícula de estudiantes extranjeros pasó de casi 24.000 alumnos en 2008 a 26.000 en 2009, según datos del Ministerio de Educación. El 60% de éstos los absorbió el ámbito privado.
Estos datos nos llevan a pensar que urge incluir en el debate la gestión de la universidad privada donde muchos docentes trabajamos día a día para mantener un buen nivel académico y que muchas veces desde la misma institución se atenta contra ello.
Se refleja de diversas maneras. Desde la indiferencia ante las demandas que señalamos como necesarias para preservar el proceso de aprendizaje hasta los salarios y el lugar que nos destinan a quienes estamos al frente de las aulas.
Una flexibilización extrema donde no sabemos si el cuatrimestre siguiente seguiremos conservando nuestras comisiones y carga horaria.
La realidad de la educación privada llegó para quedarse, es innegable que gran parte de los profesionales que incursionan en distintos ámbitos de la sociedad cursaron sus estudios en este sector. Profesionales que deciden, actúan, intervienen activamente en el curso de nuestra historia como país.
Por lo tanto es responsabilidad de los principales actores sociales tomar cartas en el asunto. Apropiarse del problema más allá de que alguna vez estén o no al frente de una clase.
Es una responsabilidad ciudadana preservar la educación en todos sus niveles. Por ello la urgencia del tratamiento de la Ley de Educación superior.
Por intereses mezquinos se posterga hace años. Si bien hay decisión política de un sector de llegar al debate no se logró el consenso suficiente para abrir la discusión.
En el Senado la Sdora. Blanca Osuna es la presidente de la Comisión de Educación. En Diputados la misma función la ejerce la diputada Adriana Puiggrós.
Existen 4 aportes o proyectos de ley en torno a la modificación de la misma:
- El del Consejo Interuniversitario Nacional
- El del Consejo de Rectores de Universidades Privadas
- El del Ministerio de Educación
- El presentado por la diputada Adriana Puiggrós
En diciembre una comisión de delegados de universidades privadas (UAI, UP y UCES) junto a autoridades de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) se entrevistó con el asesor de la Sdora. Osuna para entregarle un documento con el aporte de nuestro ámbito.
En el se incluyó el pedido de que la Ley contemple entre sus artículos nuestra situación laboral (la de los docentes universitarios privados) que entre otros desajustes si hoy nos jubilamos cobramos el salario de un empleado de comercio.
Necesitamos un reconocimiento que vaya más allá de la reparación de los salarios y la garantía de los derechos básicos de todo trabajador.
Necesitamos que las instituciones privadas en las cuales nos desempeñamos amplíen la mirada y dejen de administrar el conocimiento como un producto manufacturado, seriado y perecedero; que dejen de tomarnos como simples agentes de transmisión de contenido, sin considerar que el proceso de aprendizaje implica una trascendencia decisiva en nuestra condición humana. Es con esta convicción que, más allá de las adversidades, desempeñamos nuestra tarea.
DOU – Docentes Organizados en UCES
Febrero de 2010
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